Pensaba por aquí

Así declaró José Luis Roberto Navarro que se iba a follar a Mónica Oltra cuando, en junio de 2022 y tras la condena de su exmarido por abusos a una menor tutelada, la denunció sin prueba alguna por haber, supuestamente, armado una trama para ocultar todo aquello protegiendo a su ex.

Sin prueba alguna.

Y se la folló.

Porque, sin prueba alguna, la instrucción se llevó a cabo, Mónica Oltra resultó imputada (hoy más correctamente ‘investigada’) y con ella 14 de sus colaboradores. Y, sin indicio alguno, ante el tremendo revuelo mediático y político propiciado por la extrema derecha española, Mónica Oltra tuvo que dimitir como Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, dejando a Compromís y el acord del Botánic lo suficientemente debilitado como para no revalidar el gobierno tras las elecciones de 2023.

Dos años después, dos, el auto del juez de Instrucción afirma que Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados.

Y ¿quién acusaba a Mónica Oltra? Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro, dos abogados vinculados desde siempre a la extrema derecha valenciana, dueños y señores de las más importantes redes de clubes de putas del país, empresarios de afamada virtud, el primero de los cuales defendió gratuitamente a la menor de la que había abusado el exmarido de Oltra, sin duda, por motivos de altruismo español a la que, como bien decía, logró follarse después sin tocarle un solo pelo.

Junto con ellos dos, como acusación particular, la nada sospechosa asociación Gobiérnate, presidida por la ultraderechista Cristina Seguí, y el partido político VOX.

¿Quién podría sospechar que se tratara de una maniobra de la ultraderecha para minar la confianza de la sociedad en la izquierda valenciana?

Y ¿quién hizo saltar la noticia a la esfera nacional y lideró el escándalo mediático que terminó por hacerse insoportable para Oltra? Acertó: fue Jiménez Losantos desde su taifa Libertad Digital, en la que se permite atentar sin pudor contra fama y honor de quien se le ponga por delante, sin otro filtro que su condición o no de ‘persona de orden’, donde ‘persona de orden’ se traduce literalmente como fascista en grado superlativo.

Periodismo no es. Pero el alborozo interior que produce en sus incondicionales vale por eso y por más. Y es efectivo. Así consiguieron follársela sin tocarle un pelo.

Llamaos cariñosamente al fenómeno lawfare. El término es la conjunción de dos voces en inglés, ley y guerra, y hace referencia a la utilización de la justicia para perseguir, neutralizar o destruir al adversario político.

Sus señorías, que tienen la piel muy fina, se rasgan las togas cuando escuchan el término porque, en su infalibilidad (o en su soberbia), viven en la convicción de que nadie sino ellos mismos puede criticar sus a menudo más que cuestionables actitudes y decisiones.

En realidad el término no se refiere (solo) a esos autos y sentencias que a veces aparecen con las tintas tan cargadas (de color azul). También señala a la utilización que de la justicia hacen los partidos políticos o los que, desde fuera de la política institucional, protegen sus intereses contra viento, marea y democracia: a toda costa.

Y este parece un escenario flagrante: ¿por qué, sin evidencia alguna de hechos que pudieran considerarse delictivos, una instrucción penal tardó dos años en archivarse? ¿Por qué se consintió que la caterva mediática crucificara a una política en activo, sin que nadie tuviera ni siquiera una sola prueba de que hubiera cometido ningún delito?

¿Qué clase de político es capaz de urdir semejante atrocidad, sin importarle un pimiento ni la verdad, ni (hundir) la vida de una adversaria leal, ni la decencia de la actividad pública? ¿De qué clase de políticos de mierda se nutre la ultraderecha de este país nuestro? ¿Por qué lo consentimos sin pestañear?

El diario El País en su editorial del jueves, publicó: Este periódico pidió entonces que diera un paso al lado hasta que se aclarara su situación procesal ante su imputación en un caso tan delicado. Desde la autoridad que le da haber sido exonerada, puede recuperar su carrera donde la dejó, (…).

¿Se puede ser más necio? ¿Más soberbio? El País no dio descanso a Mónica Oltra. Tampoco El País. ¿Cree de verdad el editorialista que Mónica Oltra necesita ahora su placet para empezar su carrera donde le plazca? Pero, sobre todo ¿cree que en abril de 2024 a Mónica Oltra le queda carrera alguna que correr? ¿No hubiera sido más digno para el periódico, simple y llanamente, pedirle perdón?

Ya se encargaron bien, muy bien, de cercenarla. Porque la presunción de inocencia no opera en política.

Difamaron sabiendo que algo quedaría. Y lo que quedó es el pacto del PP y Vox gobernando en Valencia.

Nadie va a pagar por eso. Solo los valencianos de bien. También eso lo sabían quienes perpetraron el verdadero crimen de esta historia negra. Saldrán impunes.

NOTA: a la hora de cerrar esta reflexión, el auto de archivo es provisional y contra él cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. ¿Veremos a la ultraderecha valenciana retratarse de nuevo, o considerarán ya que la ‘pieza’ está cobrada?

El dibujo es de mi hermana Maripepa.