Pensaba por aquí

El caso ERE ha sido el azote popular al socialismo casi desde que recuerdo.

Diría que hace años que no entro en un bar en el que alguno de sus rincones no albergara una durísima crítica al Gobierno socialista de Andalucía por el asunto.

Ninguno teníamos un grado suficiente de acercamiento al asunto como para rebatirlo. O callábamos o derivábamos la conversación al caso Kitchen, al caso Púnica, a cualquiera de las decenas de casos de corrupción que cercaron al Gobierno de Mariano Rajoy (y habían ido apareciendo de los de José María Aznar) hasta que sucumbió a manos de una certera (la única de nuestra democracia) moción de censura.

En la conciencia colectiva quedó un monumental fraude de 680 millones de euros. La falacia es acojonante porque, del reparto de esos 680 millones de euros entre más de 6.400 trabajadores, la Cámara de Cuentas de Andalucía solo había detectado 247 casos de irregularidades (que no es que sean pocos), 72 de intrusismo y ninguno de lucro personal de ningún alto cargo. Nadie había robado. Pero así quedó.

Entrar en las profundidades jurídicas de la cuestión no parecía de recibo cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo había ratificado las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla. Y tampoco era fácil exponerlas delante de un botellín de cerveza y una de bravas, ni en la mesa llena de cuñados y cuñadas que trataban de celebrar la Nochebuena en paz y en gracia de Dios tomando a Pedro Sánchez por enemigo común. Así que callábamos.

Y era mentira.

 Van saliendo ahora de la cárcel los reos de un delito que nunca se cometió.

Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que ha revisado las sentencias del más alto Tribunal de Justicia del Estado para poner de manifiesto la vulneración de los derechos constitucionales de la mayoría de los condenados. Un caso de lawfare de libro.

Claro… es muy sencillo entender que respetamos las decisiones judiciales que nos son propicias y denostamos aquellas que nos agreden con absoluto desprecio a las instituciones, pero ya no podremos olvidar nunca esta última (Tribunal Supremo, sobre la Ley de Amnistía) que identifica el ‘no gasto’ con la malversación, el ‘no haber puesto dinero de tu bolsillo’ con el lucro.

Y ahora viene otra: la que dice que la Ley delinque y que los autores de un proyecto de ley de presupuestos, que es posteriormente aprobado por una cámara legislativa, son reos del delito de prevaricación administrativa, mezclando churras con merinas y forzando hasta la tortura la separación de poderes, porque la potestad legislativa nada tiene que ver con la acción administrativa.

Y dice el Tribunal Constitucional que no, que ni de coña. Que se han pasado tres pueblos metiendo en la cárcel ¡en la cárcel!, a los autores de un proyecto de ley, so pretexto de considerar que cometieron delito de prevaricación. Incluso a quién ejercía en su momento la Presidencia del Gobierno (Manuel Chaves) haciéndolo pasar por el ‘cabecilla’ de aquella supuesta e inexistente trama corrupta.

Y dice el Tribunal Constitucional que no pudo delinquir quien utilizó correctamente aquel mecanismo supuestamente diabólico, el de los ERE, que aprobaron las Cortes de Andalucía en su Ley de Presupuestos. Sí el que lo usó fraudulentamente, claro, pero nunca el que lo aplicó cumpliendo la Ley.

Lawfare, de libro. Aunque sus señorías se rasguen las togas. Lawfare.

Así que expresidentes, exconsejeros, ex altos cargos de los gobiernos socialistas de Andalucía, van saliendo del trullo al que nunca debieron entrar, no amnistiados ni indultados de ningún delito, sino con el reconocimiento de no haber conducta reprochable alguna en su trabajo como políticos progresistas de una comunidad autónoma y de haber sido objeto de la vulneración de sus derechos constitucionales.

Y ¿cuándo?

Cuando el daño está hecho y el objetivo cumplido.

El objetivo (a quién puede caberle duda) era tumbar el gobierno del PSOE. El daño les importaba un huevo.

El PP gobierna ya en Andalucía. Los socialistas injustamente encarcelados para conseguirlo no verán nunca reparado el sufrimiento causado. Y ¿sabe? La partida presupuestaria de autos, aquella cuya incorporación a los presupuestos de la comunidad autónoma fue inopinadamente considerada delito de prevaricación administrativa, sigue vigente presupuesto tras presupuesto, año tras año, y la sigue ejecutando sin más ruido el Gobierno de Moreno Bonilla. ¿No es delirante?

Carmen Martínez Aguayo era la consejera de Hacienda. Se alegraba en la Cadena Ser hace unos días de que su padre no viviera cuando tuvo que entrar en la cárcel porque, decía, para él hubiera sido un tremendo mazazo. Afortunadamente, su madre, su marido, sus hijos, sus amigos, la vieron entrar, pero la han visto salir… Y ahora solo piensa en saldar la deuda de gratitud que siente para con quieres la siguieron queriendo y acompañando en este episodio de podredumbre.

Otra vez, otra vez. Otra vez.

Destrozar la vida de tu oponente para que luego quede en nada y, entre tanto, ganar un gobierno.

Deleznable.  

Y les sale gratis.

El dibujo es de mi hermana Maripepa