Pensaba por aquí

¡Libertad, amnistía, estatuto de autonomía!

Éramos pequeños (1976) y mucho tiempo después comprendimos que nada fue perfecto. Pero sucedió y sucedió para bien.

No vamos a hacer un tratado (no podría), pero convengamos en que las leyes de amnistía (que aparecen como una rotunda excepción a los ordenamientos jurídicos) buscan, más allá del estricto cumplimiento de la legalidad penal, lograr la paz social en momentos de conflicto, superar divisiones, fomentar la cohesión entre seguidores de posiciones antagónicas de imposible acercamiento, mediante la extinción de determinadas responsabilidades penales.

Así se intituló la que afectó, entre otros, a los líderes del Procés, como Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Esta que ahora valida el abogado general de la Unión Europea, no era la ley para que Carles Puigdemont pudiera volver a España, ni para sortear la inhabilitación de Oriol Junqueras, era una ley para volver a la normalidad en una Catalunya que ardía por los cuatro costados, pactada, bien es verdad, para posibilitar la investidura del presidente del Gobierno.

Afectó a cargos públicos de la Generalitat, a manifestantes y activistas, a funcionarios púbicos, a miembros de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado que se les había ido un poco la mano… Y abarcó delitos cometidos con ocasión de los dos llamamientos ilegales a las urnas en Catalunya, el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, “de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023…”.

Funcionó. Y funcionó bien. Ni siquiera la furibunda Cuca Gamarra es capaz de contradecir esta realidad objetiva: el PSOE sacó de los tribunales de justicia el ‘problema catalán’ y aplicó soluciones políticas a lo que era a todas luces un problema político de enorme magnitud: a saber, los indultos aprobados por el Gobierno en junio de 2021 a los nueve condenados que cumplían penas de prisión, y la amnistía declarada por la Ley Orgánica 1/2024, también de junio, a todas las personas que, de una u otra manera, habían participado en la convocatoria de los referéndums ilegales.

Obvio, no tardó el PP ni un minuto en rejudicializar la cuestión interponiendo todo tipo recursos, reclamaciones, querellas, demandas, advertencias y excepciones, valiéndose de la poderosísima complicidad de buena parte del Poder Judicial, misteriosamente alineado con las posiciones más reaccionarias sobre la cuestión, tanto, que se llegó a fabricar una ficción del delito de malversación que afectaría, no a quién se lucró, sino a quién no gastó de lo suyo por gastar de lo de otro. Cosas.

Con todo, la estrategia del Partido Popular, ajena al interés público y mucho más cercana a propiciar el beneficioso malestar de Junts en el Estdo, había venido dando sus frutos manteniendo a Carles Puigdemont fuera del país.

Ahora podríamos especular con la posibilidad de que solo fuera la sed de justicia del Partido Popular, tornada en ánimo de venganza, lo que mueve las infinitas maniobras judiciales que organizan contra el normal cumplimiento de la ley, o sospechar que el beneficio político que obtienen con su estrategia, manteniendo la cara de ajo puerro que luce Mirian Nogueras (acabo de verla en una foto reciente señalando a Pedro Sánchez con su dedo acusador y he perdido un latido), pesa más que el interés de haber logrado en Catalunya (o en la mayor parte de los catalanes) un clima de normalidad que estaba absolutamente roto como consecuencia de la intolerancia.

El asunto se está ventilando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional por la Asociació Catalana de Víctimes de Organitzacions Terroristes contra 12 personas de los CDR acusadas de delitos de esta naturaleza.

La Audiencia Nacional acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para despejar sus dudas sobre si la Ley de Amnistía podría entrar en colisión con la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y era, por ende, inaplicable a aquellos 12 supuestos delitos. Y el abogado general, en el informe previo a la sentencia que se ha de dictar, ha interpretado que no. Y ha ido más lejos: ha dicho, en suma, que la amnistía es aplicable conforme al derecho europeo en todos sus extremos, también respecto a la malversación, también respecto a Carles Puigdemont, por extensión. Con la sola excepción de la contracción a dos meses del plazo para decidir sobre su aplicación a los casos concretos.

¡¡Anatema!! Ha bramado de inmediato la ínclita Cuca Gamarra: ¡el Estado Español que gobierna junto con EH Bildu Pedro Sánchez, contraviene de plano con su ley oportunista el ordenamiento europeo! ¡Es urgente convocar elecciones! ¡Ese insoportable plazo de dos meses es incompatible con la ética, con el Derecho, con la dignidad, con la vida! ¡Que se vayan a amnistiar a otro país! Y, ya de paso, a abortar a otro sitio.

No se lo ha leído, señora Gamarra. El informe del abogado general dice que sí, que se puede, que cabe la amnistía, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene motivos para inmiscuirse en algo de íntegra competencia del Estado, máxime cuando “la LOA cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física.” Fin de la cita literal del informe.

Ahora no alcanzo a adivinar si la futura sentencia del Tribunal Eurpeo (si es que sigue el informe emitido por su abogado general) logrará templar el rictus de Miriam Nogueras.

Y ¿sabe qué le digo?

¡Que me importa un huevo!