Era caro. Era intrusivo. Era ineficiente. Y era muy pesado.
La nueva constante en el ejercicio del poder que las instituciones del Estado realizan a través de sus estructuras administrativas es el ahorro. No es la eficiencia, ni la eficacia, ni la celeridad, ni la cercanía. Estas serán consecuencias y no causas de la nueva manera de prestar los servicios públicos.
Las fórmulas previstas hasta ahora como el modo de presentar los servicios ante los ciudadanos eran eso: demasiado caras. El proteccionismo y la regulación que ha venido desarrollando la Administración en todos los órdenes de la vida de las personas y de su actividad económica o productiva son igualmente demasiado caros, porque lo son las medidas de control precisas para hacerlos valer. Igualmente, los sistemas de publicidad, de pedagogía social, de difusión y fomento de los servicios públicos son caros. Muy caros.
Ahorremos. No hay más remedio, porque ya se ha constatado que no va a haber más dinero.
Se camina a todas luces hacia un modelo de gestión de la cosa pública mucho menos intrusivo, más cauto en la definición de sus competencias y en el dimensionamiento de sus objetivos para con la sociedad y mucho más efectivo en la prestación de los servicios. Más eficiente en la ejecución de sus tareas, más preciso en la atención a las demandas de sus usuarios.
La clave del éxito habría estado en hacer esta transformación de forma planificada, ordenada, coherente. Decidir qué Administración queremos y cómo de austera queremos que sea. Qué cosas queremos hacer y cuáles no. Qué medidas sobran y cuáles hay que mantener. Qué líneas de servicio, de fomento, de policía, deben persistir y cómo las queremos poner en valor ante la sociedad que las consume.
Pero la decisión ha sido dejarlo estar. A pesar de los esfuerzos de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) de su @ReformaAAPP, la falta de estrategia ha derivado en recortar a golpe de ajustes presupuestarios los gastos que, a juicio de gestores públicos de toda índole, pudieran resultar superfluos, sin un diseño detallado del dibujo final que perseguimos. Así, despieces, desamueblamientos y amputaciones han dado con una arquitectura pública de servicios y procesos inconexos, cercana a la imagen de “cerrado por derribo”.
La parte buena: Los tiempos avanzan que es una barbaridad.
Las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 (la ironía del Legislador ha hecho que reproduzcan el esquema del articulado de las de 1958 y 1957 respectivamente, pero esta es otra historia), a punto de entrar en vigor, han venido a demostrar que las nuevas tecnologías proporcionan herramientas que superan con mucho la imaginación de los gestores públicos. No es menor, porque el conocimiento de la tecnología y sus capacidades permite hacer el tan necesario diseño de la Administración que queremos, encajando adecuadamente sobre nuevos instrumentos de gestión los servicios que queremos prestar y prestarlos en términos de competitividad y de sostenibilidad, de manera semejante a cómo funcionan servicios de similar naturaleza en organizaciones de carácter privado. En éstas, la adecuación de los costes de producción y la satisfacción del usuario final son elementos críticos en el diseño del producto. También en el ámbito público queremos hacer esa adecuación en los costes de producción, pero sin menoscabar los servicios que tan trabajosamente costeamos con nuestros impuestos (quienes los pagamos).
Y todo está en revisión.
No resulta fácil intuir qué líneas se seguirán en este proceso o conjunto de procesos de adecuación de la Administración a tan fuertes restricciones económicas y presupuestarias pero, en todo caso, la aparente tendencia que se sigue en los gobiernos autonómicos y se intuye en el de España, pasa por las siguientes premisas:
– Desaparecen servicios no esenciales
– Disminuye la “promoción” (publicidad) de los servicios esenciales
– Se desregula
– Se incrementa la policía sobre lo que queda regulado y se hace más rígido el régimen sancionador
– Se externaliza cuánto no está estrictamente sujeto al “ejercicio de autoridad”
– Se extrema el control del gasto en servicios externos
– Aparece el copago como fórmula de sostenibilidad
– Se adelgaza la organización hasta los mínimos imprescindibles para la gestión
– Se extrema la eficiencia en la relación con el usuario y en la gestión del proceso
– Aparece la proactividad en el diseño de los servicios
– El control a posteriori sustituye al control a priori
– Se promueve el uso intensivo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones
– Se extrema el análisis de la opinión ciudadana y del impacto social de las políticas de gasto.
Tampoco es fácil decidir, de todas estas, cuáles son buenas y cuáles no tanto. Lo que sí se puede afirmar rotundamente es que aplicar la inteligencia a la necesidad de ahorrar nos hubiera evitado la sensación de orfandad que en estos días tenemos las personas respecto del Estado.
Pensaba por aquí 