Pensaba por aquí

La ministra Montero (Irene) tiende a caer gorda a los sectores más moderados, bien por esa manía de cambiar el diccionario a base de ellos, ellas y elles y unas, unos y unes, bien porque se pongan en duda sus merecimientos más allá del de ser la compañera de fatigas y madre de los vástagos de su compañero de fatigas.

La ministra Montero, además, tiene unas formas difíciles y tiende a ponerse insultona cuando le llevan la contraria lo que, por lo demás, propicia con cierta facilidad.

Así que la polémica surgida tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida popularmente como del ‘sí es sí’, agrada a casi todos.

La tesis generalizada parece ser que la ineptitud de Irene Montero ha provocado la reducción de las penas de reos condenados por delitos contra la libertad sexual, algunos de los cuales podrían salir directamente a la calle si hubieran cumplido ya las que ahora impone la ley.

Algo podría haber de cierto. Pero no es tan sencillo.

Es necesario empezar por comprender que el principio de irretroactividad del Derecho Penal aplica solo para el endurecimiento de las penas y que, por el contrario, cuando una nueva norma penal las aligera, esta es de aplicación a los condenados que las cumplen, aunque sea ya en ejecución de una sentencia firme.

Ahora hay que entender que la ley del ‘sí es sí’ resumió en uno dos tipos penales: el de abusos sexuales y el de agresión sexual (dentro del que cae el que conocemos como de violación), persistiendo solo el último de ellos. Para hacer esto, la horquilla entre las penas máximas y mínimas se tuvo que ampliar por abajo en lo que a la agresión sexual se refiere, para que los casos menos graves tuvieran un castigo proporcional la naturaleza (a la gravedad) de la agresión.

Esta minoración de las penas con las que ahora se castigan los delitos de agresión para subsumir en él el de abusos sexuales (más leve en el Código Penal vigente hasta el momento), es la que ahora invocan las defensas de los condenados (por agresión), con ninguna razón moral, pero con toda la fuerza jurídica de la interpretación del principio de aplicación del mejor Derecho Penal para los reos.

La ministra sostiene que los jueces y juezas que, en aplicación de este principio, están rebajando las penas a personas ya condenadas, lo que son es unos machistas irredentos que lo que tienen que hacer es formarse mejor. Los juristas dicen, lo primero, que sin insultar y, lo segundo, que es interpretable.

Las interpretaciones jurídicas en la aplicación de este principio para el caso que nos ocupa (el de la reducción de las penas a condenados por agresión sexual en aplicación de la ley del ‘sí es sí’) son por lo menos cuatro y tienen que ver con la posible efectividad, o no, de haber introducido en la norma una disposición transitoria que pudiera haber evitado los efectos no deseados que ahora se están produciendo.

La ministra y una parte de los juristas que se han manifestado sobre el particular, dicen que esa disposición transitoria ya está en el Código Penal (la 5ª) y que en ningún caso es preciso volver a incorporarla. Otros tantos interpretan que estar está, pero que no es eficaz para la aplicación de esta ley porque viene de una modificación anterior y solo a aquella puede afectar. Otros juristas defienden que la pretendida disposición transitoria hubiera podido, incluso, ser declarada inconstitucional y, aún otros, dicen que, aunque la incluyeran ahora, el mejor Derecho Penal sería el hoy vigente y, por lo tanto, la reducción de la penas sería igualmente aplicable para quienes ya están condenados.

Lo cierto es que nadie advirtió de estos efectos no queridos a la ministra Montero (Irene, que ya sabe que son dos monteros) a pesar de que ahora todo el mundo invoque ese clásico ‘ya te lo decía yo’. No lo hizo la Fiscalía, tampoco los técnicos del Ministerio de Justicia, ni el Consejo de Estado, ni el caducado Consejo General del Poder Judicial (que dice que advirtió, pero en realidad lo hizo en referencia a las penas máximas y no a las mínimas y el Ministerio asumió la recomendación de no rebajarlas). Tampoco se debatió tal asunto en el Parlamento, ni quienes votaron en contra la ley (PP y Vox, claro) argumentaron esta circunstancia en su airada oposición a la norma.

Es posible que ello fuera así porque todos estuvieran convencidos de la innecesariedad de poner coto a la judicatura en la rebaja de las penas a condenados por delitos contra la libertad sexual, seguros de que esto jamás sucedería. Pero, conocido (no es ningún secreto a estas alturas) el sesgo de muchos de sus integrantes ¿no debieron el Gobierno y la ministra ponente haberse curado en salud?

La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, es una buena ley y garantiza un derecho más y no menor, como lo es el derecho a la libertad sexual. Lo es a pesar de haber nacido como no deben nacer las leyes, consecuencia de la alarma social provocada por el caso de ‘la manada’, aquella terrible violación grupal que sucedió en Pamplona, que movió a ‘legislar en caliente’.

Si ha provocado efectos no queridos, tratemos de contenerlos: esperemos a que la Sala Segunda del Tribunal Supremo unifique los criterios para su aplicación, diferentes, por ejemplo, entre la Audiencia Provincial de Madrid, en la que las solicitudes de reducción de las penas están saliendo adelante y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el que ninguna petición ha prosperado.

Pero mejor sin más alarma de la estrictamente necesaria. Y mejor, señora Montero, sin insultar a los operadores jurídicos, que ya sabe que son muy suyos.

El dibujo es de mi hermana Maripepa