Pensaba por aquí

La Sala que condenó a quienes promovieron la independencia de Cataluña y a quienes contribuyeron a ello no ha querido amnistiarlos. Esa misma Sala.

Porque a la Sala que condenó a quienes promovieron la independencia de Cataluña y a quienes contribuyeron a ella, simplemente, no era partidaria.

Corrige con ello la Sala Segunda del Tribunal Supremo el dislate que, para ella, supone amnistiar a quienes ella misma condenó. Porque para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el Poder Legislativo se equivoca. Y ella lo corrige.

Doctores (menos una —la firmante del voto particular emitido en el Auto—) tiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Interpreta la Sala Segunda del Tribunal Supremo que hubo malversación, y que la hubo porque quienes promovieron la independencia de Cataluña y quieres contribuyeron a ello debieron haber pagado el procés de su bolsillo y no de los presupuestos de la Generalitat.

Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (menos una) tenían la misión de interpretar el artículo 1 a), que es el primero de todos, de la Ley que se les instaba a aplicar y que reza:

1. Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones ejecutadas entre estas fechas en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración:

a) Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.

En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas en el primer párrafo de esta letra, directamente o a través de cualquier entidad pública o privada, siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad.

Y ¿hubo enriquecimiento? ¡Sí! Porque para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el dinero que no te gastas te enriquece.

A sensu contrario, podríamos interpretar que no, que es el dinero que te gastas el que te empobrece y no al revés, que es difícil apreciar ánimo de enriquecimiento en el cotidiano intento de escaquearte de pagar el desayuno un día más (abogo desde aquí por adquirir la costumbre de jugárselo a los chinos, que es mucho más elegante) y mucho más difícil concluir que tal conducta (la de no pagar el desayuno) merece reproche penal por cuanto te enriqueces a costa de tus compañeros de oficina.

Los actores del procés cometieron indudablemente delitos de malversación. Y de ese delito, indudablemente, los amnistió la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que, indudablemente establece que “En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, (…) siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”, esto es, que no se lo hayan llevado crudo.

Cabe recordar que las reglas de interpretación de las normas jurídicas están tasadas en el Título Preliminar del Código Civil (o sea que uno, por muy juez que sea, no las interpreta como le sale de los cojones a riesgo de cometer delito de prevaricación).

¿Nos cae gordo Carles Puigdemont? A mí desde luego sí. ¿Cometió delito de malversación? Sí (toda la pinta tiene aunque no sea cosa juzgada hasta la fecha porque el hombrecillo se dio el piro) y otros pocos, parece. ¿Las Cortes Generales quisieron amnistiar a Carles Puigdemont de los delitos cometidos como consecuencia de promover el proceso independentista de Cataluña? Pues a la Sala Segunda del Tribunal Supremo le parece que no tanto: que dejó el poder legislativo abierta la puerta a que, no habiendo sufragado los gastos de su bolsillo, el de malversación de caudales públicos quedara fuera de la voluntad de perdón del legislador.

Y esa interpretación de la Sala ¿no tiene toda la pinta de ser caprichosa?

La voluntad del legislador fue palmaria. Los jueces tienen que dejar de hacer política cuanto antes porque, ni es lo que les toca, ni la entienden bien.

Dicho de otro modo, cuanta más política se empeñen en hacer los jueces, más los otros dos poderes interferirán en la justicia. Porque los jueces no representan la soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del Estado de acuerdo con la Constitución y con el sentido común democrático. Funcionaros, dotados de la máxima independencia que es posible, pero ni por encima del bien y del mal, ni garantes de la moral pública, ni ungidos de poderes extraordinarios más allá de los que la propia Constitución les otorga.

Y entre ellos no está el de corregir al poder legislativo. La voluntad del legislador, les guste o no, está por encima de la voluntad del juzgador. Sustituir una por otra subvierte la naturaleza misma de la democracia. Cuando esta subversión proviene del Tribunal Supremo, el Estado de Derecho se pone en riesgo.

La inconstitucionalidad de la Ley a la que nos referimos, si fuera el caso, será otra instancia la que la declare. Otra instancia, el Tribunal Constitucional, que cae fuera de la organización judicial española.

El dibujo es de mi hermana Maripepa.