Pensaba por aquí

Es como que uno no se acuerda de santa Bárbara hasta que truena. Y no a todos les pasa, que algunos por más que truene se siguen tomando algo hasta que empiezan a ahogarse las personas.

El otro asunto, el de los fuegos, lo lleva san Froilán. Y parece que, igualmente, no nos acordamos de él hasta que España (Europa toda) arde por los cuatro costados.

Uno, en su ateísmo militante, preferiría dejar menos responsabilidades a la santería y poner las oraciones en los presupuestos del Estado y, sin embargo, parece que las instituciones están más confiadas en la providencia que en la eficiencia del gasto público.

Y no es una broma.

Los efectos del cambio climático se empeñan en enseñarnos cosas que no queremos aprender. Las lluvias torrenciales y los incendios devastadores adquieren nuevas formas de irrumpir en la naturaleza y mueven una fuerza que, por desconocida, supera las capacidades que sabemos orquestar para detenerlos.

Durante la DANA que se registró en Valencia el 29 de octubre de 2024 cayeron en la zona 771 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas, en una de las cuales, solo en una hora, fueron 187. El resultado, 224 muertos, innumerables heridos, 17.800 millones de euros en destrozos, 564 kilómetros cuadrados devastados, lodo, un millón de toneladas de residuos repartidos en 15 municipios que aún miran la forma de recuperar la normalidad.

Este sábado la plataforma OpenStreetMap cifra en 3.757 los incendios forestales activos de diferente consideración, 56 de los cuales se tienen por grandes incendios. La primera emergencia nacional declarada por razón de fuego se produjo este jueves a instancia de las comunidades de Castilla y León (por el incendio de Ávila) y Madrid, cuyos frentes se unieron ayer por la noche y ya han alcanzado Toledo. El de Ávila se perimetraba ayer en 71 kilómetros y sumado al de Madrid, cuyo área no ha sido posible definir a estas horas, sumaban un perímetro total conjunto de 45.000 hectáreas.

Sin abundar en los datos (supongo que bastaría con comprender lo que significa que más de 88.500 personas se encuentren evacuadas de sus casas o confinadas en ellas) y sin pretensión científica, se trata de uno de esos incendios que se han venido en llamar de sexta generación. Estas cosas nos enseña el cambio climático: son mega incendios de gran intensidad térmica capaces de generar su propio clima modificando la meteorología de su entorno. Liberan tal cantidad de energía que superan por completo la capacidad humana de extinción, son fenómenos ingobernables que solo se agotan cuando cambian las condiciones meteorológicas o consumen por completo el combustible disponible.

En España, el primer gran referente clasificado oficialmente como de esta sexta generación fue el incendio de Sierra Bermeja (Málaga) en septiembre de 2021.

Al final, la ‘nueva normalidad’ no provino del acomodo de la sociedad a las consecuencias del cóvid-19. La ´nueva normalidad’ es la catástrofe climática que las instituciones se obstinan en seguir considerando catástrofe en lugar de ‘vida misma’.

La catástrofe es nuestra nueva manera de estar en el mundo y la prevención no puede no ser el objetivo prioritario del gasto público, en el bien entendido de que la pregunta no es si esta o aquella zona arderá o se inundará, sino cuándo sucederá lo uno o lo otro y qué medios habremos puesto entonces para evitarlo o, cuando menos, minimizar los daños.

Arderá.

Se inundará.

Y las políticas de gasto de las instituciones, ya sean estatales, autonómicas o locales, no pueden seguir ignorándolo.

La tibieza con la que las consignaciones aparecen en los presupuestos anuales y, más crudamente, la ignominiosa práctica de desviar fondos destinados a la prevención a fines más lucrativos para engordar las cuentas de resultados de empresas afines al color del gobierno de turno (la Comunidad de Madrid desvió más de 40 millones de euros entre 2019 y 2023, procedentes de las primas de seguros, a partidas diferentes de las destinadas a la prevención de incendios, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que fue condenada por este latrocinio), la tibieza presupuestaria, decía, junto con este tipo aberraciones, dan noticia precisa de la falta de probidad con la que se afronta el problema que, seguramente, es el problema más grande al que la humanidad se enfrentará en este siglo.

“Los incendios se apagan en invierno”

Con este mantra, las centrales sindicales presionan a las comunidades autónomas para que mantengan sus plantillas de bomberos forestales durante los 12 meses del año, siendo que los trabajos silvícolas de limpieza de los montes se tienen por la única forma eficiente de evitar la enorme cantidad de combustible que se acopia en ellos y que sirve al fuego para campar a sus anchas.

Ya no hay rebaños de cabras limpiando el monte: nuestra sociología ha cambiado.

A pesar del mandato de la reciente Ley estatal de Bomberos Forestales (2024), que obliga a las comunidades autónomas a mantener planes y dispositivos adaptados durante todo el año, solo Castilla y León, Andalucía y Murcia están dando pasos (más o menos tímidos) en esa dirección. Castilla-la Mancha, la excepción, mantiene como personal fijo los 12 meses del año a la inmensa mayoría de sus bomberos forestales aunque también se refuerza en verano.

No más datos. No hacen falta.

Reestructurar el gasto público no es sencillo. El dinero es finito y engordar una política de gasto supone adelgazar otra. Pero la política es priorizar y debe ser en eso en lo que nos diferenciemos de la no política.

Frenar el cambio climático no es una broma. Soportar las consecuencias catastróficas que acarrea se ha convertido en nuestra nueva normalidad.

No es cuestión de poner más dinero. Es cuestión de poner el dinero. Donde toca.

El dibujo es de mi hermana Maripepa.